(Proceso)MÉXICO, D.F., (apro).- Integrantes del Frente Amplio contra la Supervía Poniente emplazaron al mandatario capitalino, Marcelo Ebrard, a aceptar de manera incondicional la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), que pide suspender la obra de cuota, y demostrar con ello su compromiso con la democracia y los derechos humanos.
El pasado jueves 20, el presidente de la CDHDF, Luis González Placencia, emitió la recomendación 01/2011, en la que señala violaciones a derechos humanos cometidos por el gobierno capitalino en la construcción de la Supervía Poniente, y pide la suspensión de la obra hasta en tanto no se realice una consulta pública y un estudio sobre las alternativas de movilidad hacia Santa Fe, entre otros puntos. En conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento sobre la recomendación, los activistas también hicieron un llamado a quienes apoyan la obra –concesionada al consorcio formado por las empresas OHL, COPRI y ATCO– para que se sumen a su exigencia y, además, participen en la consulta. Cristina Barros, vocera de la agrupación, señaló que la CDHDF cumplió con su papel de garante de los derechos humanos de los ciudadanos, “tan es así que hizo un trabajo minucioso sobre las violaciones a nuestros derechos y a las leyes que el Gobierno del Distrito Federal está obligado a respetar para la realización de una obra que significa una inversión de 4 mil 800 millones de pesos”. La hija del exrector de la UNAM, Javier Barros Sierra, pidió la intervención de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que vigile que se realice una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en apego a la normatividad federal y bajo estándares internacionales.“Por recomendación de la Fundación Mario Molina, debe de analizarse en conjunto el proyecto de vías de comunicación de Ebrard, porque sólo así se podrá dimensionar el daño ecológico que causaría la Supervía y otras construcciones como el segundo piso del Periférico”, dijo. Por su parte, el abogado Luis Fernando García Muñoz apuntó que el jefe de gobierno tiene todas las facultades para detener la obra, sobre todo porque “en el título de concesión se señala que la misma puede revertirse si se contemplan situaciones fuera de la ley”.
Simón Hernández, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, manifestó que la viabilidad de la suspensión es posible, dado que hay procesos judiciales abiertos, entre ellos amparos contra el decreto expropiatorio, así como un juicio de nulidad al título de concesión, interpuesto ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.“El jefe de Gobierno no tiene atribuciones para opinar sobre violaciones a derechos humanos, eso es competencia de la CDHDF y ya se hizo, ahora sólo falta la opinión de los tribunales que tendrán la última palabra”, apuntó Hernández. En tanto, Rafael Martínez, miembro de la agrupación, resaltó que Marcelo Ebrard tiene un plazo de 15 días para responder si acepta o no la recomendación, y que será hasta entonces cuando el movimiento decida cuál será el siguiente paso a seguir.“A pesar de que públicamente ha dicho que no es posible aceptar la recomendación, nosotros no vamos a adelantarnos, porque sabemos que Ebrard tiene que medir las consecuencias políticas que traerá no aceptarla. Quedará marcado como un gobernante antidemocrático y que desdeña los derechos humanos”, puntualizó. Tras congratularse por el contenido de la recomendación, los integrantes del Frente Amplio exigieron al jefe de gobierno retirar la fuerza pública que resguarda la maquinaria de la empresa concesionaria y que cesen los actos de hostigamiento; además, que el diagnóstico sobre las alternativas de movilidad se realicen bajo estándares internacionales, en el que participen organizaciones sociales e instituciones académicas.Asimismo, demandaron que se garantice una consulta pública amplia entre todos los habitantes del Distrito Federal.
Los activistas también pidieron una MIA completa, de acuerdo con la legislación local y con estándares internacionales, y que el Gobierno del Distrito Federal “demuestre que sí tiene un verdadero compromiso con la legalidad al no ejecutar actos tendientes a construir la Supervía, hasta que se resuelvan de manera definitiva los juicios interpuestos en contra de las ilegalidades y violaciones a derechos humanos”. Por último, agradecieron a las más de 120 organizaciones civiles y personalidades de la sociedad civil que manifestaron su respaldo a la recomendación de la CDHDF.
